El gobierno de Peña Nieto, y en particular los negociadores del conjunto de temas con la administración Trump, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, han ido aceptando, poco a poco, varias sugerencias o consejos de distintos sectores de la sociedad mexicana. Expertos procedentes de las negociaciones anteriores del TLC o de migración, académicos, de vez en cuando uno que otro empresario y varios integrantes de la comentocracia han podido convencer a Peña Nieto y a Videgaray de algunas de sus ideas. Doy como ejemplo la declaración de Peña Nieto desde la reunión de embajadores a principios de enero, de negociar en paquete con EU en lugar de hacerlo gajo por gajo, como ha sido la costumbre mexicana desde los años 80; la respuesta de México al general Kelly, de Seguridad Interior, en cuanto a que México no aceptará deportados hondureños, salvadoreños o guatemaltecos y sólo a quienes sean comprobadamente mexicanos, y también la asignación de mayores recursos, en particular los mil millones de pesos procedentes del INE, a la defensoría jurídica de los paisanos deportables en EU a través de los consulados de México. No lo ha hecho siempre el gobierno de manera completa, ni necesariamente oportuna ni mucho menos reconociendo que eso hacía, pero lo importante es que paulatinamente ha ido asumiendo posiciones que provienen principalmente fuera del mismo. Qué bueno.

En este mismo sentido convendría que el gobierno entendiera que hay un tema adicional donde haría bien en escuchar algunas ideas procedentes de distintos sectores a propósito del tema específicamente comercial, en lo individual tanto Ildefonso Guajardo como Videgaray y, de vez en cuando, el propio Peña Nieto, han esbozado o sugerido algunas líneas rojas en lo que se refiere a las negociaciones que tengan que ver con el TLCAN. Pero no han sido claros en establecer con precisión cuáles son sus líneas rojas al respecto. Una de ellas debiera ser la siguiente, y entre más pronto lo asuman y lo digan, mejor nos irá en la negociación con los representantes de Trump. Me refiero al dilema de la aprobación legislativa por cualquier nuevo instrumento jurídico por parte del Congreso norteamericano, sin hablar del Senado mexicano o del Parlamento canadiense.

Desconozco quién es el responsable de determinarlo ni el mecanismo preciso a través del cual se decida, pero es evidente que existe un umbral jurídico y conceptual que define qué tantos cambios son susceptibles de ser incorporados al TLCAN original sin necesitar una nueva aprobación por el Congreso de EU. Se recordará que en EU el NAFTA no es un “tratado” sino simplemente un “acuerdo”. De ahí que tuvo que ser aprobado en 1993 por ambas cámaras, pero únicamente por mayoría simple: la mitad más uno de los votos de los senadores y diputados. Ese umbral de cambios, equivalente al “qué tanto es tantito” existe. Más allá del umbral se requiere de aprobación legislativa; por debajo del umbral no es necesario. México debiera afirmar claramente que todo aquello por debajo de ese umbral de aprobación legislativa puede estar en la mesa y nada por arriba del umbral es aceptable siquiera como tema de negociación.

¿Por qué? Varias razones. Primero, volver al calvario del 93 sería una gran imprudencia mexicana, ya que le permitiría a la administración Trump incluir una serie de nociones en sus exigencias que no han terminado de plantear hasta ahora. Como se sabe, por el momento, la gente de Trump sólo ha sugerido la inclusión de cambios en las reglas de origen o contenido de Norteamérica, y cambios significativos en los mecanismos de resolución de conflictos o disputas. Ahora se escuchan voces en EU que hablan de poner límites a la llamada manipulación de divisas para México y en su caso Canadá, y también la imposición de cuotas o restricciones voluntarias de exportaciones de México a EU. Estas sugerencias adicionales podrían ser más mortales para México y difícilmente podrían caber en un tratado que no requiriera de una aprobación legislativa. Pero lo más importante no es eso, es que abrir la puerta a un cambio legislativo constituiría una invitación a cualquier legislador norteamericano a imponer sus propias condiciones. En teoría, la llamada autorización de promoción comercial que se le otorga a los presidentes y con la cual cuenta Trump hasta junio del 18, obliga al Congreso a votar sí o no a favor o en contra del acuerdo que se negocie, sin modificaciones del mismo por parte del Congreso. Sin embargo, como vimos en el 92 y 93, como la votación corre el riesgo de ser muy cerrada, cualquier congresista en particular puede exigir ciertas concesiones para sí mismo, su distrito, sus votantes, o peor aún, con el propósito de torpedear el acuerdo en su conjunto.

Esto ya sucedió el pasado 17 de febrero cuando seis representantes demócratas, apoyados por varios sindicatos, plantearon una serie de exigencias y cronograma para cualquier renegociación del TLCAN. Exigieron tiempos, contenido, cambios, etcétera, resumidos en diez principios que se pueden consultar en artículos publicados en EU en esa fecha. Todos ellos son veneno para la sobrevivencia del tratado. No significa esto que todo lo que ellos planteen se incorpore a un nuevo tratado hipotético. Sólo significa que así como esos seis plantearon sus demandas, muchos otros pueden hacer lo mismo.

Es una mala idea permitir que esto suceda, la única manera es plantear claramente que, como diría Fidel Castro, dentro de la aprobación legislativa norteamericana actual todo, fuera de ella nada. Ojalá vuelvan a hacer caso.